De la Cédula de Identidad a CompraNet, el Banco del Bienestar, los pasaportes y el examen de la UNAM, México ha pagado miles de millones por sistemas respaldados por experiencia, solvencia y grandes estructuras corporativas. Nada de eso ha impedido fallas, litigios, servicios interrumpidos y proyectos que no cumplieron su propósito.
Una empresa puede tener más de diez años de experiencia, contratos con universidades, organismos electorales, instituciones judiciales y dependencias gubernamentales. Puede presumir millones de usuarios, operaciones internacionales, inteligencia artificial, certificaciones, infraestructura escalable y “seguridad de clase mundial”. Y aun así puede fracasar.
El caso del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México no es solamente una controversia universitaria. Es una demostración de algo que las instituciones públicas se resisten a reconocer: la experiencia contractual no equivale necesariamente a experiencia exitosa y el tamaño de un proveedor no garantiza que alguien esté controlando realmente el proyecto.
El problema no comienza cuando el sistema se cae. Comienza mucho antes: cuando el prestigio sustituye a la verificación, cuando los contratos anteriores se cuentan sin revisar cómo terminaron y cuando la capacidad económica, el número de empleados y las certificaciones pesan más que la supervisión efectiva, las pruebas independientes y la responsabilidad técnica directa.
Territorium Life sostiene que la plataforma utilizada en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM operó correctamente, soportó la concurrencia prevista y ejecutó los mecanismos tecnológicos contratados. También argumenta que la integridad de un examen no depende exclusivamente del software, sino de la seguridad académica: aleatorización de preguntas, construcción de versiones equivalentes y control de la exposición de los reactivos.
Pero la disponibilidad técnica no es lo mismo que el cumplimiento del objetivo. El contrato no se celebró únicamente para mantener un servidor encendido. La plataforma debía contribuir a garantizar la identidad de los aspirantes, detectar conductas anómalas, impedir el uso de herramientas externas, generar alertas, resguardar evidencias y preservar la integridad del proceso.
De acuerdo con la documentación contractual, el sistema debía contar con reconocimiento facial y de voz, validación continua de identidad, grabación de audio y video, bloqueo de aplicaciones y dispositivos, monitoreo automatizado mediante inteligencia artificial, detección de ausencias y alertas ante comportamientos no permitidos.
Sin embargo, la UNAM encontró resultados estadísticamente anómalos y evidencia suficiente de posibles teléfonos, ayuda externa, suplantaciones y utilización indebida de inteligencia artificial. La crisis fue de tal magnitud que ordenó un examen presencial de control para validar los resultados.
Si después de pagar por tecnología antifraude la institución necesita repetir presencialmente una prueba para recuperar la confianza, el proyecto no puede presentarse como un éxito sólo porque la plataforma no se desconectó.
Territorium: contratos, adjudicaciones directas y “seguridad de clase mundial”
Territorium Life no llegó a la UNAM como una empresa improvisada. Precisamente ahí reside el problema.
Investigaciones realizadas a partir de la Plataforma Nacional de Transparencia identificaron al menos 37 contratos públicos por más de 218 millones de pesos. Entre sus clientes aparecen la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la BUAP, la UABC, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Digital del Estado de México, el Consejo de la Judicatura Federal, el INE, el IECM y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Expansión identificó 22 contratos con seis universidades públicas entre 2018 y 2026. Todos los incluidos en esa revisión fueron adjudicados directamente. La UNAM utilizó precisamente esos antecedentes para justificar la contratación. En abril de 2025, la Dirección General de Administración Escolar solicitó una excepción a la licitación pública. Cinco días después fue autorizada la contratación directa de Territorium por un monto mínimo de 34.4 millones y máximo de 85.7 millones de pesos.
La justificación afirmaba que la plataforma tenía “madurez probada”, capacidad para detectar patrones anómalos y prevenir fraudes, monitoreo en tiempo real, administración segura de reactivos y mecanismos para proteger la confidencialidad de las evaluaciones. También se invocó la experiencia previa de instituciones como el IPN, la UANL y la BUAP.
Para el proceso de 2026 se celebró otro contrato, también por adjudicación directa, con un mínimo de 40.7 millones y un techo de 101.7 millones de pesos. En el oficio SG/DGAE/0192/2026, la UNAM sostuvo que Territorium era la única empresa nacional con la experiencia comprobada para administrar evaluaciones de esa magnitud y que disponía de mecanismos de “seguridad de clase mundial”.
La pregunta es inevitable: ¿Qué revisó la UNAM cuando evaluó esa experiencia? Porque contar contratos no es lo mismo que auditar resultados.
El antecedente que debió encender las alarmas: UDEMEX
En diciembre de 2018, la Universidad Digital del Estado de México contrató directamente a Territorium Life para adquirir una plataforma tecnológica. El contrato CTOADMON/15/2018 tuvo un valor de 8 millones 626 mil 920 pesos. El proyecto terminó en un procedimiento de rescisión. Territorium promovió el juicio administrativo 770/2021 para impugnar la resolución mediante la cual quedó obligada a devolver el costo de la plataforma. En abril de 2024, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México validó el procedimiento de rescisión y la sanción por daños y perjuicios.
La compañía promovió un amparo directo. Al 31 de marzo de 2026, el propio informe financiero de UDEMEX todavía registraba el litigio como activo y en trámite. La resolución y el procedimiento aparecen en los informes oficiales de UDEMEX, mientras que el amparo continúa registrado en el informe de 2026. La experiencia previa de Territorium, por lo tanto, no estaba compuesta exclusivamente por éxitos. Incluía al menos un proyecto público rescindido.
Colombia: fallas, descuentos e intervención de la Contraloría
El historial fuera de México tampoco está libre de problemas. En 2019, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia contrató por aproximadamente 30 mil millones de pesos colombianos a la Unión Temporal Colombia Digital LMS, integrada por Territorium Life, E-Training y Comware.
La plataforma Territorium debía reemplazar a Blackboard y respaldar la formación virtual del SENA. Su importancia era enorme: el sistema estaba destinado a atender una población potencial de millones de aprendices. La plataforma debía encontrarse funcionando completamente en enero de 2020. Un año después continuaban los señalamientos por funcionalidades incompletas, problemas de integración, soporte tardío y deficiencias operativas.
La interventoría reportó fallas en la integración con otros sistemas, permisos deficientes, herramientas de mensajería que no funcionaban adecuadamente, limitaciones en el banco de preguntas, problemas con videoconferencias, retrasos en soporte y desaparición de información organizada por los instructores. De 9 mil 848 millones de pesos colombianos facturados hasta febrero de 2021, el SENA había aplicado descuentos por aproximadamente 505 millones, equivalentes a 5%, debido a incumplimientos. La Contraloría colombiana ordenó una inspección para evaluar el costo y beneficio del proyecto.
Los informes de interventoría difundidos por el sindicato del SENA describieron al menos 12 funcionalidades con observaciones y 69 casos de soporte que no fueron atendidos dentro de los tiempos establecidos en un solo mes. El recuento técnico fue publicado por Sindesena.
Territorium no era el único integrante de la unión temporal y no sería correcto atribuirle individualmente todas las fallas. Pero sí formaba parte del grupo responsable de una plataforma que no alcanzó oportunamente las condiciones contratadas y recibió deducciones económicas por incumplimiento.
La acusación sobre la UANL: una vulnerabilidad que debe investigarse
Está comprobado que la Universidad Autónoma de Nuevo León utilizó Territorium para aplicar exámenes a distancia desde 2020 y que posteriormente celebró numerosos contratos con la empresa. Expansión identificó 13 convenios por aproximadamente 12.7 millones de pesos. Una investigación periodística publicada en agosto de 2026, basada en una fuente que afirma haber tenido acceso a los sistemas, sostiene que las respuestas de evaluaciones de la UANL fueron extraídas mediante endpoints deficientemente protegidos de la API y posteriormente vendidas. Según esa fuente, no se requerían conocimientos avanzados para acceder a información que debería haber permanecido protegida.
Cuando una empresa administra evaluaciones de alto impacto y aparecen señalamientos coincidentes sobre extracción de respuestas, seguridad deficiente y controles que pueden ser evadidos, la respuesta responsable no es descalificar las denuncias por no existir todavía una sentencia. La respuesta responsable es realizar una auditoría de código, infraestructura, registros, permisos, endpoints, accesos y evidencias.
SaberesMX: el riesgo ya está dentro del Gobierno federal
El caso Territorium no termina en la UNAM. La empresa también ha sido relacionada con SaberesMX, la plataforma educativa nacional presentada por Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025. El propio portal oficial carga recursos desde infraestructura asociada al dominio territorio.la, lo que confirma al menos una vinculación tecnológica visible. La misma investigación periodística que denunció la posible vulnerabilidad en la UANL afirma que SaberesMX utiliza componentes compartidos con otros sistemas de Territorium y que la emisión de certificados podría ser manipulada.
No existe todavía una auditoría pública que compruebe esa vulnerabilidad ni evidencia de que haya sido explotada. Pero el señalamiento es suficientemente serio para exigir una revisión independiente antes de que la plataforma acumule millones de perfiles, cursos, constancias y microcredenciales. Una institución no necesita esperar a sufrir una filtración para evaluar su seguridad. Mucho menos cuando el mismo proveedor ya se encuentra bajo escrutinio por un examen nacional, tiene un contrato rescindido con una universidad pública y participó en otro sistema gubernamental que recibió penalizaciones por fallas.
El problema no es solamente Territorium
Convertir a Territorium en el único culpable sería cómodo, pero incompleto. La empresa debe responder por lo que vendió, ofreció y firmó. La UNAM, por su parte, debe explicar por qué la experiencia acumulada fue utilizada como sinónimo de confiabilidad sin que los antecedentes negativos aparentemente modificaran la evaluación del riesgo. Ese patrón no es nuevo; durante años, instituciones mexicanas han contratado grandes empresas, integradores internacionales y proveedores con extensos currículos para proyectos tecnológicos esenciales. Las licitaciones han pedido experiencia, capital, infraestructura, recursos humanos, certificaciones y capacidad de operación, y aun así han ocurrido desastres.
Pasaportes: de 11 mil emisiones diarias a sólo 911
En 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores adjudicó a Veridos un contrato por aproximadamente 93.9 millones de dólares para la emisión de pasaportes. Veridos no era una empresa menor; es una compañía especializada en identidad, pasaportes y sistemas de seguridad, resultado de una alianza entre Giesecke+Devrient y la imprenta estatal alemana Bundesdruckerei. Cuando comenzó la operación del nuevo sistema en octubre de 2015, la emisión de pasaportes colapsó.
Según una revisión de la ASF recuperada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la producción promedio pasó de 11 mil 908 pasaportes diarios a sólo 911. La SRE tuvo que emprender acciones urgentes y contratar apoyo externo para estabilizar el sistema. La auditoría también encontró equipos almacenados, falta de implementación en consulados y delegaciones estatales que permanecieron durante meses sin el servicio correspondiente.
Lo sorprendente ocurrió en 2019, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Veridos recibió otro contrato, esta vez por adjudicación directa y aproximadamente 27.7 millones de dólares. La experiencia previa, lejos de convertirse en una penalización, volvió a funcionar como credencial.
Banco del Bienestar: software pagado, no instalado y desconocido por el personal
El Banco del Bienestar debía convertirse en la columna financiera de los programas sociales del gobierno de López Obrador. Para ello necesitaba una infraestructura bancaria capaz de operar miles de sucursales y millones de cuentas, pero su núcleo tecnológico acumuló deficiencias.
En 2019, el banco contrató a INFOTEC por aproximadamente 120 millones de pesos para servicios de software y tecnología. INFOTEC, a su vez, recurrió a terceros para distintos componentes. La ASF encontró que durante 2020 se pagaron 47.4 millones de pesos en órdenes relacionadas con el desarrollo e instalación de un nuevo core bancario. INFOTEC pagó 17.1 millones a Fintecheando por la adquisición, adecuación, instalación, soporte y mantenimiento de MIFOS. Sin embargo, el sistema no se encontraba instalado ni operando. El personal del Banco del Bienestar desconocía su ubicación, existencia y estado.
Además, 98.8% de las órdenes de trabajo revisadas correspondía a funciones básicas o mantenimiento correctivo del sistema Temenos Core Banking que seguía operando. La ASF concluyó que existían razones para presumir que ese núcleo bancario no satisfacía las necesidades y capacidades requeridas por el banco. Una investigación anterior encontró aplicaciones entregadas como documentos de Word, horas-hombre sin evidencia y un diagnóstico de 25 páginas copiadas de internet por el que se habrían pagado 17 millones de pesos.
Aquí tampoco falló una pequeña herramienta secundaria. Falló la contratación del corazón informático de un banco encargado de distribuir recursos públicos a millones de personas.
CompraNet: la plataforma de la transparencia se quedó sin espacio
El 15 de julio de 2022, CompraNet dejó de funcionar, no regresó completamente hasta el 1 de agosto. Durante 17 días, proveedores, contratistas y unidades compradoras quedaron sin acceso normal a la principal plataforma de contrataciones del Gobierno federal. Los procedimientos electrónicos fueron suspendidos o trasladados a mecanismos presenciales, incrementando los riesgos de discrecionalidad y opacidad.
La explicación oficial fue extraordinariamente elemental para un sistema crítico: faltó espacio de almacenamiento en la infraestructura.
Hacienda señaló inicialmente a BravoSolution México, proveedor de soporte y seguridad. Sin embargo, comunicaciones posteriores mostraron que el proveedor había advertido desde meses antes sobre la falta de almacenamiento, ancho de banda y condiciones adecuadas para realizar el mantenimiento. La propia dependencia tenía identificado el riesgo y no lo atendió oportunamente.
CompraNet volvió a presentar intermitencias en 2023. En 2024 dejaron de estar disponibles para consulta pública los expedientes históricos de aproximadamente 1.9 millones de contratos por 4.7 billones de pesos correspondientes a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador. La información no necesariamente fue destruida, pero durante ese periodo dejó de ser accesible para periodistas, investigadores y ciudadanos. La plataforma diseñada para garantizar transparencia terminó produciendo opacidad.
La Cédula de Identidad: más de 3 mil millones para terminar triturada
El antecedente más costoso comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón: La Cédula de Identidad Ciudadana prometía integrar fotografías, huellas digitales, iris y datos personales de la población mexicana. Para ello se contrataron empresas como Axtel, Unisys México, Smartmatic International Holding y Crypto AG.
Solamente el consorcio Axtel–Unisys recibió un contrato por aproximadamente 664.6 millones de pesos para la infraestructura informática, almacenamiento y procesamiento biométrico. El proyecto completo consumió alrededor de 3 mil 100 millones de pesos durante el gobierno de Calderón. Se capturaron millones de registros de menores, pero sólo se produjeron alrededor de 1.6 millones de cédulas.
El programa no cumplió su finalidad, fue abandonado por el gobierno siguiente y las micas terminaron almacenadas durante años. En 2018 se contrataron servicios para destruirlas.
El gobierno de Peña Nieto intentó sustituirlo con una Clave Única de Identidad y gastó alrededor de otros mil 80 millones de pesos sin concretarla. Entre ambos gobiernos se destinaron más de 4 mil millones a proyectos de identidad que nunca alcanzaron su objetivo nacional.
El patrón que une estos proyectos
Los sistemas son diferentes, pero los errores se parecen:
| Proyecto | Proveedor o integrador | Recursos comprometidos | Resultado cuestionado |
|---|---|---|---|
| Cédula de Identidad | Axtel, Unisys, Smartmatic y otros | Más de $3,100 millones | Proyecto cancelado y cédulas destruidas |
| Pasaportes | Veridos | US$93.9 millones en 2015 | Colapso inicial y reducción drástica de emisiones |
| UDEMEX | Territorium Life | $8.6 millones | Rescisión, sanción y litigio |
| SENA Colombia | Unión temporal con Territorium | COP$30,000 millones | Funcionalidades incompletas y deducciones |
| Banco del Bienestar | INFOTEC, Fintecheando y otros | Decenas de millones en software auditado | Core sin acreditar, no instalado o insuficiente |
| CompraNet | BravoSolution y SHCP | Sistema crítico federal | 17 días fuera de operación y fallas recurrentes |
| UNAM | Territorium Life | Hasta $101.7 millones | Examen cuestionado y prueba presencial de control |
No en todos los casos la responsabilidad es exclusivamente del proveedor. En algunos hubo mala infraestructura gubernamental; en otros, deficiente supervisión, subcontratación, decisiones políticas o requisitos mal diseñados.
Una institución no compra únicamente código. Compra dirección técnica, arquitectura, pruebas, continuidad, seguridad, soporte y responsabilidad.
Si el proveedor acepta el contrato, también acepta gestionar esas dependencias y advertir formalmente cuando las condiciones impiden cumplirlo. Si la institución recibe entregables sin probarlos, paga sistemas que no localiza o ignora riesgos conocidos, también es responsable.
Por qué una empresa grande puede perder el control
Las empresas de mayor tamaño ofrecen ventajas reales: capital, infraestructura, capacidad de contratación, certificaciones, cobertura geográfica y posibilidad de responder a proyectos masivos. Pero el tamaño también introduce riesgos:
- Más niveles entre el cliente y quien escribe o configura el software.
- Ejecutivos comerciales alejados de la operación técnica.
- Subcontratación de componentes críticos.
- Personal presentado en la propuesta que no necesariamente ejecuta el proyecto.
- Equipos que cambian después de la adjudicación.
- Decisiones técnicas dispersas entre comités.
- Supervisión diluida entre múltiples responsables.
- Incentivos para cumplir entregables documentales antes que resultados operativos.
- Dependencia de plataformas genéricas adaptadas apresuradamente.
- Contratos tan grandes que rescindirlos resulta política y operativamente costoso.
El prestigio corporativo reduce la percepción del riesgo, no necesariamente reduce el riesgo real. Una institución puede sentirse protegida porque contrató una marca conocida, pero cuando todos suponen que “una empresa de ese tamaño sabe lo que hace”, disminuyen precisamente los controles que deberían aplicarse con mayor rigor.
La experiencia no debe medirse por contratos obtenidos.
En las licitaciones públicas suele pedirse: Antigüedad, Facturación, Capital contable, Número de empleados, Contratos semejantes, Certificaciones, Currículos, Infraestructura y Capacidad económica.
Esos requisitos pueden demostrar que una empresa existe y posee recursos. No demuestran que supervise adecuadamente cada proyecto, que su arquitectura sea segura o que sus equipos entreguen software confiable, la experiencia debería evaluarse de otra manera:
- ¿Cuántos proyectos llegaron a producción?
- ¿Cuántos cumplieron niveles de servicio?
- ¿Cuántos fueron rescindidos?
- ¿Qué penalizaciones recibió el proveedor?
- ¿Qué litigios mantiene con antiguos clientes?
- ¿Qué fallas de seguridad se documentaron?
- ¿El personal propuesto fue el que realmente ejecutó?
- ¿Quién revisó el código?
- ¿Quién realizó las pruebas de carga y seguridad?
- ¿Quién conserva los registros y evidencias?
- ¿La institución puede operar el sistema sin depender permanentemente del proveedor?
- ¿Los anteriores clientes volverían a contratarlo después de conocer todo su desempeño?
Un contrato firmado acredita capacidad comercial. Sólo un proyecto terminado y verificable acredita capacidad técnica.
La contratación segura no depende del tamaño
La discusión no debería plantearse como empresas grandes contra empresas pequeñas. Una compañía pequeña también puede fracasar y una gran empresa puede entregar un excelente resultado, la diferencia está en el modelo de control.
La opción más segura es aquella en la que existe:
- Un responsable técnico identificable.
- Supervisión inmediata y continua.
- Comunicación directa entre el cliente y el equipo ejecutor.
- Criterios medibles de aceptación.
- Pruebas independientes.
- Auditoría de seguridad antes de producción.
- Trazabilidad de decisiones.
- Control sobre subcontratistas.
- Entrega de código, documentación y conocimiento.
- Penalizaciones relacionadas con resultados, no sólo con documentos.
- Capacidad institucional para detener el proyecto antes de que el daño alcance a los usuarios.
La verdadera garantía no está en el logotipo del proveedor, está en la cercanía con la ejecución, la trazabilidad y la posibilidad de exigir correcciones antes de que el problema se vuelva público.
Territorium no puede esconderse detrás de que “el sistema funcionó”
Territorium tiene derecho a presentar sus evidencias y defenderse. La UNAM debe revisar registros, grabaciones, alertas, autenticaciones, controles de navegador, accesos, evidencias y cadena de custodia antes de determinar responsabilidades. Pero la compañía tampoco puede reducir el concepto de funcionamiento a disponibilidad técnica.
Vendió experiencia en evaluaciones de alto impacto, inteligencia artificial, detección de anomalías, protección de reactivos, supervisión automatizada y “seguridad de clase mundial”. La Universidad terminó aplicando un examen presencial de control porque el proceso perdió credibilidad.
Además, cuando se le seleccionó ya existían una rescisión contractual con UDEMEX, fallas y deducciones en el SENA colombiano y, según investigaciones periodísticas, posibles vulnerabilidades anteriores en sistemas de evaluación de la UANL.
Si estas señales no fueron revisadas, la evaluación del proveedor fue incompleta. Si fueron revisadas y se decidió continuar sin controles adicionales, la decisión fue irresponsable. Y si los controles adicionales existieron pero no funcionaron, entonces la promesa tecnológica estaba sobredimensionada; en cualquiera de los tres escenarios hay responsabilidades que aclarar.
Las instituciones públicas suelen preguntar si una empresa tiene experiencia, personal y capacidad económica. Deberían formular una pregunta más incómoda: ¿Quién estará personalmente a cargo cuando el sistema falle?
No quién firmará el contrato, o quién hará la presentación comercial. No quién aparece en el organigrama corporativo.
Sino quién revisará diariamente el avance o quién validará cada entrega. Quién responderá ante los usuarios o explicar qué ocurrió
México no ha perdido miles de millones por falta de empresas con experiencia, los ha perdido porque confundió experiencia con reputación, contratos con resultados y tamaño con control. Territorium es hoy el rostro más visible de ese problema, pero no es una excepción. Es la continuación de un modelo que ya fracasó con la identidad ciudadana, los pasaportes, los sistemas bancarios y las plataformas de contratación pública.
El prestigio puede abrir la puerta de una licitación, no puede sustituir la supervisión. Y definitivamente no hace que el software funcione.